La simple existencia de un contrato o la emisión de una factura no son pruebas suficientes; es necesario respaldar la deducción con documentación adicional que acredite la prestación real del servicio.

Es posible que los comportamientos abusivos puedan ocasionar una medida de restricción o bloqueo justificada, pero para que ésta sea válida será necesario que dichas expresiones o conductas se encuentren excluidas de protección constitucional a tu derecho de libertad de expresión.

En la LFPCA se adicionó el artículo 7º Bis a dicha Ley para regular lo relativo a la posibilidad de imponer una multa a la persona que interponga demandas, recursos o promociones notoriamente frívolas e improcedentes.

Seguramente ya te enteraste del nuevo "escándalo" financiero llamado Panamá Papers. ¿En qué consisten los documentos filtrados?

Límite Constitucional del Poder Tributario del Estado Autor:…