El Art. 13 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (LFPCA), dejó en completo estado de inseguridad e incertidumbre jurídica a los gobernados, pues los plazos otorgados a las autoridades para interponer el juicio de lesividad, no son prudentes ni razonables para que se determinen, en forma definitiva, los derechos y obligaciones fiscales de los particulares.