Los depósitos realizados mediante el uso de esa herramienta tecnológica no deben considerarse como ingresos gravables, si se acredita que el origen de los recursos monetarios es otra cuenta del propio contribuyente.

Cuando el cuentahabiente niega haber dado su autorización al banco, para realizar la transferencia y la institución de crédito afirma que sí recibió la instrucción, corresponde al primero demostrar que el sistema que opera las firmas electrónicas carece de fiabilidad y, por tanto, que su cuenta fue saboteada electrónicamente.