ABC de la Nueva Ley de Amparo 2013
ABC de la Nueva Ley de Amparo
Fuente: Canal Judicial
La Ley de Amparo aprobada por el Congreso y enviada al Ejecutivo para su promulgación, es la primera reforma que se hace en la materia, desde hace 76 años.
Es una nueva legislación que amplía la protección de derechos de las personas.
El amparo es el principal instrumento de defensa de los derechos que tienen las personas para protegerse de actos de la autoridad.
La Ley reconoce el derecho de cualquier persona para tramitar un amparo en forma directa.
Para promoverlo basta con el interés legítimo, aun cuando no haya afectación personal y directa.
Agiliza y facilita su promoción ya que podrá hacerse por internet y firma digital.
El amparo procede contra omisiones y no solo contra actos y leyes.
Procede también contra actos de particulares siempre y cuando los actos deriven del ejercicio de facultades otorgadas por leyes.
Las sentencias de amparo podrán tener efectos generales, con excepción de la materia tributaria.
El amparo otorgado a una persona puede ser de beneficio para todos.
La Suprema Corte notificará a la autoridad emisora de la norma sobre su inconstitucionalidad.
Si en 90 días naturales, no se supera el problema de inconstitucionalidad, la Corte emitirá, siempre y cuando sea aprobada por una mayoría de al menos 8 votos, la declaratoria general de inconstitucionalidad.
Se establece en qué casos no procede la suspensión del acto reclamado, por ejemplo:
Cuando se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo del Estado, como el agua, minas, gas energía y telecomunicaciones, entre otros.
Tampoco procederá la suspensión del acto reclamado a centros de vicio o de lenocinio, ni a casas de juegos y sorteos.
Se prohíbe conceder la suspensión del acto reclamado cuando se afecte a menores o incapaces.
Fortalece las facultades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la atención prioritaria de los asuntos que le competen.
Los juicios de amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad tendrán prioridad cuando los poderes Legislativo o Ejecutivo soliciten la urgencia y justifiquen el interés social o el orden público.
