Decomisos irregulares en aduanas mexicanas, historias de corrupción y desacatos a ordenes judiciales.
Decomisos irregulares en aduanas mexicanas
Autor: Érika Ramírez
www.contralinea.info
Un decomiso de telas importadas, valuadas en 70 millones de pesos, descubre diversas anomalías en dos dependencias de la Secretaría de Hacienda, que irían desde negligencias administrativas hasta procesos ilegales, como la enajenación de bienes que se deberían destruir. El caso ya derivó en la inhabilitación y multa de quien fuera director general del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, Luis Miguel Álvarez. En lo que va de 2012, la Secretaría de la Función Pública ha sancionado a otros 18 funcionarios de esa institución, con multas por más de 248 millones de pesos en total. Para la Auditoría Superior de la Federación, hay descontrol y debilidades en el Sae
El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (Sae), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Administración General de Aduanas –dependientes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público– se vieron involucradas directa e indirectamente en un supuesto caso de corrupción tras el decomiso de unas telas importadas, con valor de 70 millones de pesos.
En un primer momento, fueron agentes aduanales los que incautaron los bienes, por considerar que su introducción al país no cumplía con la normatividad. Éstos, a su vez, fueron transferidos al Sae para su custodia y posterior enajenación a favor del Estado.
Sin embargo, las empresas textileras afectadas por el decomiso (una de ellas Elcar Textil) se inconformaron ante la justicia federal, por lo que consideraron una arbitrariedad de la Administración General de Aduanas. Después de un prolongado litigio, el juez federal les concedió la razón a los privados y ordenó al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes que devolviera las materias decomisadas.
El juzgado federal consideró que las pruebas aportadas por la Administración General de Aduanas no justificaban el decomiso y que la importación de las telas no incurría en irregularidades. Por tanto, las anomalías fueron atribuidas a los agentes aduanales que confiscaron los cargamentos.
A esta orden judicial se sumó una administrativa, del SAT, que solicitaba que se devolvieran las telas a los empresarios. Sin embargo, el Órgano Interno de Control en el Sae –que depende de la Secretaría de la Función Pública– dispuso lo contrario: no restituir las telas y enajenarlas a favor de las finanzas públicas.
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