Incertidumbre política y crisis económica; el desafío de México en la actualidad…
LA ECONOMÍA MEXICANA EN LA COYUNTURA ACTUAL: INCERTIDUMBRE Y ESTANCAMIENTO
Dr. en Economía Juan Manuel Ocegueda Hernández
Profesor de tiempo completo, Facultad de Economía y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Baja California.
jmocegueda@uabc.edu.mx
México vive un momento de grandes cambios políticos y económicos. En lo político estamos frente al abandono del modelo de democracia representativa que se venía construyendo desde el inicio de este siglo basado en la división de poderes, un sistema de contrapesos para evitar los abusos del poder y mecanismos institucionales de vigilancia y supervisión de la acción del Estado.
Los hechos son de todos conocidos: un regreso al sistema de partido político hegemónico que habíamos dejado atrás desde el año 2000, pero ahora con un liderazgo personal fuerte y una gran concentración del poder tanto a nivel federal como en las entidades federativas; una gran destrucción institucional que debilita la capacidad para contener las arbitrariedades de los poderes ejecutivo y legislativo controlados por el mismo grupo político y que se materializa, entre otras medidas, en la reforma judicial y la extinción de los organismos autónomos.
En lo económico, se está avanza hacia un nuevo modelo de desarrollo con más intervencionismo estatal y menos mercado, lo que en los hechos se traduce en acciones que ahuyentan a la inversión privada. A manera de ejemplo, considérese el cambio sorpresivo de reglas que implicó la reversión de la reforma energética aprobada en el gobierno de Enrique Peña Nieto y la reforma judicial que genera una gran incertidumbre jurídica en los inversionistas. Pilar central de esta nueva estrategia es el fortalecimiento del mercado interno mediante la recuperación del salario mínimo y la redistribución del ingreso vía programas sociales.
El modelo económico que hoy se cuestiona tuvo logros importantes: consolidó la estabilidad macroeconómica, es decir, el control de la inflación y de los desequilibrios fiscal y externo que en el pasado fueron causas del deterioro económico del país; se conformó una potente industria exportadora de manufacturas que hoy permite a México ser el socio número 1 de Estados Unidos, por encima de China y Canadá. En el ámbito institucional, se otorgó la autonomía al Banco de México y se ciudadanizó la organización de los procesos electorales mediante la creación del Instituto Nacional Electoral (INE) que permitió por primera vez, en 2000, la alternancia en la presidencia de la república. Sin embargo, quedaron asignaturas pendientes. Algunas reformas estructurales que eran necesarias no lograron consolidarse, otras no cumplieron su objetivo, no se materializaron o fueron revertidas en el sexenio pasado, un ejemplo es la reforma educativa.
No se generaron empleos suficientes y bien remunerados con lo cual se incrementó la expulsión de migrantes, creció la informalidad y se expandió el número de jóvenes que se sumaron al crimen organizado. Asimismo, no se atendió con eficacia el bienestar social, evidencia de ello fueron la caída en el salario real de la población más vulnerable, el aumento de la desigualdad social y la incapacidad para abatir la pobreza
En buena medida la deuda en materia de bienestar fue la consecuencia de no haber logrado un crecimiento alto y sostenido, situación atribuible a una compleja interacción de factores que han inhibido el dinamismo de la economía mexicana y que lo seguirán haciendo en los años por venir: falta de desarrollo institucional, un marco legal y regulatorio deficiente, altos niveles de inseguridad, ausencia de una política industrial activa y una escasa inversión pública en infraestructura por mencionar algunos.
A estos factores se suman nuevas restricciones que ensombrecen las expectativas en los próximos años: el creciente déficit fiscal, el deterioro acelerado del Estado de derecho y el factor Donald Trump.
Déficit fiscal creciente
El sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador concluyó con un deterioro de las finanzas públicas determinado por la gran cantidad de recursos destinados a los programas sociales y a las obras de infraestructura emblemáticas de su gobierno. Al finalizar 2024 el déficit fiscal alcanzó el 6% del PIB, cuatro puntos porcentuales por arriba del nivel en que lo dejó Enrique Peña Nieto, mientras que la deuda pública aumentó en casi siete puntos porcentuales llegando al 50.2% del PIB.
Es cierto que la deuda pública aún se puede considerar manejable, no obstante, preocupa el escaso margen de maniobra que se tiene para contener el déficit fiscal. Por un lado, la carga de los programas sociales seguirá creciendo debido al aumento natural de los beneficiarios. Se estima que el número de adultos mayores crecerá en aproximadamente 3.2 millones de personas durante el sexenio actual, lo que con cifras de 2024 representaría medio punto porcentual del PIB adicional al gasto que ya se tiene.
Pero este es sólo uno de los programas sociales, existen otros más y la intención de abrir nuevos, así como de incrementar los apoyos económicos por encima de la inflación.
Una alternativa es compensar el mayor gasto en los programas sociales reduciéndolo en otros rubros, sin embargo, no hay mucho margen de maniobra. Gran parte del ajuste del gasto corriente ya se hizo y las reservas financieras que se tenían se gastaron, sólo queda reducir la inversión.
No obstante, ello afectaría el crecimiento de la economía al frenar la creación de infraestructura pública. Un menor crecimiento económico, además de reducir los ingresos fiscales elevaría la razón deuda pública/PIB generando presiones alcistas en la tasa de interés que paga el gobierno lo que empeoraría su situación financiera.
Una segunda alternativa es incrementar los ingresos, pero su comportamiento en los últimos 16 años evidencia las dificultades que esto implica. Desde 2008 los ingresos presupuestales fluctúan alrededor del 22% del PIB. Para avanzar sería necesario una mayor eficiencia recaudatoria, también se podrían aumentar las tasas impositivas o introducir nuevos impuestos o bien implementar una reforma integral con un carácter progresivo que grave más a quienes más tienen, pero que además implique una mayor eficiencia en el gasto. Desafortunadamente, ninguna de estas opciones está exenta de costos políticos y económicos y al parecer el actual gobierno no está dispuesto a asumirlos. Otra posibilidad es que haya más crecimiento de la economía, pero según la experiencia de los últimos cuarenta años ello no es fácil de lograr.
Deterioro del Estado de derecho
Una de las principales restricciones para que la economía recupere su capacidad de crecimiento es el deterioro acelerado del Estado de derecho. No es que en los gobiernos anteriores las cosas estuvieran bien, pero ahora la descomposición es mayor y avanza más rápido: el crimen organizado cada vez controla más territorio y desplaza al Estado en responsabilidades que deberían ser de su exclusividad: cobra impuestos, vende seguridad, hace justicia por mano propia, usa la violencia, etc. A ello se suma un grupo gobernante que muestra poco aprecio por la legalidad, una concentración del poder y ausencia de contrapesos políticos que están socavando la democracia y nos dirigen hacia el autoritarismo. Además, con la reforma judicial se prevé una pérdida de independencia de este poder lo que pondrá en entredicho la imparcialidad de la justicia.
Esta situación afecta a todos los mexicanos, pues nadie está exento de los abusos de la autoridad y frente a estos quedaremos en una condición de indefensión jurídica. Inseguridad, incertidumbre y falta de respeto a la ley por quienes deberían ser los primeros en cumplirla configuran un ambiente poco amigable con la inversión.
El factor Donald Trump
Por si fuera poco, a las restricciones anteriores se suma la llegada de Donald Trump a la presidencia de la república de Estados Unidos. No sabemos a ciencia cierta cuales de sus muchas amenazas va a cumplir, pero deberíamos tomarlas en serio y prepararnos. Al margen de los aspectos relacionados con migración y combate al narcotráfico en donde ha hecho repetidas advertencias, en lo económico, debe preocuparnos su visión proteccionista y su interés en la repatriación de capitales estadounidenses, aspectos ambos que podrían frenar la llegada de inversión extranjera directa a México.
También se vislumbran algunos riesgos en la revisión del T-MEC que en mi opinión no se cancelará, pero es posible que Estados Unidos busque tomar ventaja para obtener concesiones en rubros como seguridad fronteriza en donde los temas migración y combate al narcotráfico son centrales.
Conclusiones
No existen indicios de que en el actual gobierno se vayan a remover las restricciones al crecimiento económico que han mantenido estancado al país durante décadas. Por el contrario, se advierte un escenario en el que las condiciones económicas se volverán más restrictivas para el crecimiento, principalmente porque el ambiente nacional se ha vuelto cada vez menos amigable con la inversión.
Por otra parte, el modelo de desarrollo centrado en el mercado interno que hipotéticamente se estaría articulando tendría pocas probabilidades de éxito. Ningún país en los últimos 40 26 años se ha desarrollado siguiendo una estrategia de este tipo. Muy probablemente volverían los viejos problemas macroeconómicos de las décadas de los setenta y principios de los ochenta: déficits fiscales y deuda pública no manejables, grandes desequilibrios externos y altos niveles de inflación, sobre todo si se vulnera la autonomía del Banco de México.
