Sostenibilidad, cambio climático y finanzas responsables

Sostenibilidad, cambio climático y finanzas responsables

CPC., PCFI. Y DRA. ELIZABETH GARCÍA ESPINOZA

• Profesora de la Universidad Autónoma de Baja California.
• Socia-Directora de GE Consultores Empresariales, S.C.
• eligarcia@uabc.edu.mx, eligarcia810@yahoo.com.mx

La idea de sostenibilidad que hoy se utiliza de manera generalizada tiene uno de sus principales antecedentes en el Informe Brundtland de 1987. En este documento, la Comisión de las Naciones Unidas explicó el desarrollo sostenible como aquel que “satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades”.

Aunque esta definición surgió en el ámbito ambiental y del desarrollo, con el tiempo se ha convertido en un referente clave para distintos campos, incluido el financiero. Este enfoque integral quedó reflejado posteriormente en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), también conocidos como Objetivos Globales, adoptados por las Naciones Unidas en 2015 como un compromiso universal para erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar que, para el año 2030, todas las personas vivan en condiciones de paz y prosperidad.

Los 17 ODS se encuentran interrelacionados, ya que los avances en un área influyen en las demás, y parten del principio de que el desarrollo debe mantener un equilibrio entre las dimensiones social, económica y ambiental. Asimismo, los países se han comprometido a priorizar a los sectores más rezagados.

Uno de los mayores desafíos para alcanzar estos objetivos es el cambio climático, el cual se refiere a las modificaciones a largo plazo en las temperaturas y en los patrones climáticos del planeta. Estos cambios pueden tener causas naturales, como variaciones en la actividad solar o grandes erupciones volcánicas; sin embargo, desde el siglo XIX, la principal causa ha sido la actividad humana, especialmente el uso intensivo de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas.

La quema de estos combustibles libera gases de efecto invernadero que se acumulan en la atmósfera y forman una especie de capa que retiene el calor del sol, provocando un aumento en la temperatura global. Entre los gases más relevantes se encuentran el dióxido de carbono y el metano. La tala de bosques y el cambio en el uso del suelo incrementan las emisiones de dióxido de carbono, mientras que la agricultura y las actividades relacionadas con la extracción y utilización de petróleo y gas generan grandes cantidades de metano. Sectores como la producción de energía, la industria, el transporte, los edificios, la agricultura y el uso del suelo figuran entre los principales responsables de estas emisiones.

Desde esta perspectiva, el cambio climático constituye un problema de gran escala que requiere la participación coordinada de gobiernos, empresas y sociedad en general. Como señala el Maestro Humberto Ahuactzin Ortega, enfrentarlo implica llevar a cabo millones de acciones en todos los ámbitos de la actividad humana para evitar consecuencias económicas y sociales graves. Se trata de un fenómeno que ha sido estudiado por la comunidad científica durante décadas y que actualmente representa uno de los mayores retos a nivel mundial.

Ante esta problemática, la comunidad internacional ha impulsado diversos acuerdos y mecanismos de cooperación. Entre los más relevantes se encuentran la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París. La Convención tiene como objetivo central evitar que las actividades humanas alteren de forma peligrosa el equilibrio climático del planeta.

El Protocolo de Kioto, por su parte, establece compromisos jurídicamente vinculantes para que los países industrializados reduzcan sus emisiones de gases de efecto invernadero. A diferencia de la Convención, que únicamente solicita la adopción de políticas y la presentación de informes, el Protocolo convierte estos compromisos en obligaciones formales. Dichas responsabilidades recaen exclusivamente en los países desarrollados, con base en el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, considerando su mayor contribución histórica a la contaminación.

En particular, el Acuerdo de París busca acelerar las acciones y las inversiones necesarias para transitar hacia un modelo de desarrollo sostenible y con bajas emisiones de carbono. Su objetivo principal es fortalecer la respuesta global frente al cambio climático, procurando que el aumento de la temperatura media del planeta se mantenga por debajo de los 2 °C respecto a los niveles preindustriales, y promoviendo esfuerzos adicionales para limitarlo a 1.5 °C.

En esta misma línea, en 2018 el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) publicó un informe especial sobre los efectos de un calentamiento global de 1.5 °C, en el que advirtió que alcanzar esta meta requiere transformaciones profundas y rápidas en la manera en que operan las sociedades. El documento subraya que limitar el calentamiento a este nivel no solo reduce los impactos ambientales, sino que también favorece un modelo de desarrollo más justo y sostenible.

Actualmente, los países en desarrollo enfrentan el desafío de lograr crecimiento económico sin intensificar los efectos del cambio climático ni comprometer su futuro. En este contexto, cobra especial relevancia orientar las inversiones hacia actividades que, además de generar rendimientos financieros, consideren su impacto ambiental, social y la forma en que son gestionadas las empresas.

De esta necesidad surgen las inversiones con enfoque ambiental, social y de gobierno corporativo (ASG), cuyo propósito es equilibrar la rentabilidad con la responsabilidad, reducir riesgos y fomentar prácticas empresariales sostenibles. Dentro de este enfoque, el componente ambiental abarca acciones como la reducción de la contaminación, la mitigación del cambio climático, la disminución de emisiones, el uso eficiente de la energía, la protección de la biodiversidad y el impulso a las energías renovables.

El componente social se centra en aspectos como la salud, la educación, los derechos humanos y las condiciones laborales, con el objetivo de fortalecer el bienestar y la estabilidad de las personas. Finalmente, el gobierno corporativo se refiere a la manera en que se toman las decisiones dentro de las organizaciones, promoviendo la transparencia, la rendición de cuentas y la consideración de los intereses de todos los grupos involucrados.

Desde la profesión contable es posible contribuir de forma decisiva a las finanzas responsables y al enfoque ASG mediante acciones concretas como:

• Integrar criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo en los reportes financieros y no financieros.
• Fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, asegurando información confiable y oportuna.
• Identificar y controlar costos ambientales, promoviendo el uso eficiente de recursos y la reducción de impactos.
• Asesorar en inversiones sostenibles, evaluando tanto la rentabilidad como los riesgos sociales y ambientales.
• Impulsar el cumplimiento normativo fiscal, laboral, seguridad social y ambiental.
• Promover la ética profesional y el buen gobierno corporativo dentro de las organizaciones.

De este modo, la contaduría pública trasciende su función tradicional y se consolida como un pilar en la construcción de modelos financieros sostenibles y socialmente responsables.

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