En diversos sectores de la sociedad se ha instalado en el debate público la idea de que el pago realizado por Grupo Salinas al Servicio de Administración Tributaria representa una especie de “perdón fiscal” o trato privilegiado. Nada más alejado de la realidad jurídica. Lo que estamos viendo no es una concesión política, sino la consecuencia natural —y plenamente legal— de la aplicación del Código Fiscal de la Federación después de años de litigio.