Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos – Una propuesta que puede transformar la forma de realizar operaciones en México.

Propuesta de Ley de Economía Digital

Una propuesta que puede transformar la forma de realizar operaciones en México.

Dr. Francisco Javier Ramirez Hernandez

javier@racell.mx

Integrante de la Comisión Fiscal del IMCP Sonorense y Regional del Noroeste

Socio de Racell Contadores y Consultores, SC

En el marco del Paquete Económico 2027 se ha planteado una iniciativa que puede representar un cambio importante en la manera en que se realizan las operaciones comerciales y financieras en nuestro país: la creación de una Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos.

Es importante señalar, desde el principio, que se trata de una iniciativa que se encuentra en proceso legislativo y que, por lo tanto, todavía no constituye una ley vigente. Su contenido puede ser modificado durante la discusión y aprobación por el Poder Legislativo.

La propuesta ha generado interés porque busca impulsar de manera gradual el uso de medios de pago digitales y electrónicos, con el propósito de reducir el uso de efectivo en determinadas actividades y sectores de la economía. La presidenta de México señaló que la reducción gradual del efectivo comenzaría particularmente en gasolineras y carreteras por razones de seguridad, fiscalización y formalización.

No significa la desaparición del efectivo

Uno de los aspectos que conviene aclarar es que la iniciativa no plantea la desaparición general del dinero en efectivo.

El propósito es avanzar hacia una economía en la que tengan una mayor participación medios como las transferencias electrónicas, tarjetas, SPEI, CoDi, códigos QR, tecnología NFC y otros mecanismos digitales.

La importancia de la propuesta radica en que se contempla la posibilidad de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determine los sectores estratégicos y actividades relevantes en los cuales se pueda establecer la utilización obligatoria de medios de pago digitales.

De concretarse esta disposición, el cambio no sería uniforme para toda la economía, sino que dependería de los sectores y actividades que sean determinados conforme a las disposiciones correspondientes.

¿Por qué se pretende reducir el uso del efectivo?

Entre las razones que se han señalado se encuentran la seguridad, la modernización del sistema de pagos, la inclusión financiera y la formalización de las actividades económicas.

Desde el punto de vista fiscal existe, además, una consecuencia evidente: una operación realizada mediante una transferencia, tarjeta o cualquier otro medio electrónico deja una mayor trazabilidad financiera que una operación realizada exclusivamente en efectivo.

Esto puede facilitar la identificación de las operaciones y el intercambio de información entre las instituciones financieras, los contribuyentes y las autoridades.

 La relación con el SAT

La utilización generalizada de medios electrónicos facilitará los cruces de información.

En el futuro será posible relacionar con mayor facilidad:

CFDI + contabilidad + declaraciones + movimientos bancarios.

Esto no significa que todo depósito bancario se convierta automáticamente en ingreso gravable.

La autoridad tendrá que aplicar las disposiciones fiscales correspondientes y el contribuyente tendrá el derecho de acreditar y demostrar la naturaleza de aquellos depósitos que no correspondan a ingresos.

Por ello, uno de los principales retos para los contribuyentes será mantener una adecuada documentación de sus operaciones.

Una transformación que debe analizarse con prudencia

La digitalización de los pagos es una tendencia internacional que ofrece ventajas en materia de rapidez, seguridad y trazabilidad. Sin embargo, también plantea retos relacionados con costos, infraestructura, protección de datos, acceso a servicios financieros y atención a personas o negocios que todavía dependen considerablemente del efectivo.

Por ello, la gradualidad y las reglas de implementación serán elementos fundamentales.

No sería conveniente analizar la iniciativa simplemente como una «prohibición del efectivo». El verdadero alcance dependerá de las disposiciones que finalmente sean aprobadas y, particularmente, de los sectores y actividades que lleguen a quedar sujetos a la utilización obligatoria de medios de pago digitales.

Conclusión

El aspecto que habrá que vigilar especialmente durante el proceso legislativo es la facultad que se pretende otorgar a la SHCP para determinar los sectores estratégicos y actividades relevantes en los que los medios de pago digitales serán la única forma de pago, porque ahí estará el verdadero alcance de la restricción al efectivo.

Desde el punto de vista fiscal, su principal consecuencia puede encontrarse en la mayor trazabilidad de las operaciones y en la posibilidad de efectuar cruces más eficientes entre información bancaria, CFDI, contabilidad y declaraciones fiscales.

Será necesario esperar el resultado final del proceso legislativo para conocer con precisión su alcance, los sectores involucrados, los plazos de aplicación y las obligaciones definitivas.

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