El verdadero reto del paquete económico 2027: que las leyes aterricen en la realidad

El verdadero reto del paquete económico 2027: que las leyes aterricen en la realidad

Por CPC Juan Carlos Gómez Sánchez

Asesor fiscal- patrimonial y auditor

El inicio del periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión trae consigo algo más que una nueva agenda legislativa. Trae, en realidad, la posibilidad de poner a prueba la capacidad del Estado mexicano para convertir sus objetivos políticos y sociales en normas jurídicas, programas públicos y recursos presupuestales capaces de producir resultados concretos.

El pasado 30 de agosto se presento a  el grupo parlamentario de Morena una agenda de 11 reformas prioritarias del Ejecutivo, entre ellas una reforma fiscal para el bienestar, fortalecimiento del IMSS-Bienestar, reformas al Poder Judicial, un paquete anticorrupción, vivienda para el bienestar, propiedad industrial, materia familiar, una Ley General de Municipios, legislación ambiental y diversas iniciativas relacionadas con movilidad, telecomunicaciones, ciencia, tecnología e innovación.

Pero hay una precisión fundamental que no debemos perder de vista: esta agenda de reformas no es el Paquete Económico 2027, el verdadero paquete económico será presentado por el Ejecutivo a más tardar este 8 de septiembre, y comprenderá, entre otros documentos fundamentales, la Ley de Ingresos de la Federación y el Presupuesto de Egresos de la Federación y aquí es donde comienza lo verdaderamente interesante.

 Las reformas dicen qué se quiere hacer; el presupuesto determina qué tan posible es hacerlo

Desde mi perspectiva, existe una pregunta que debe acompañar el análisis de cada una de estas iniciativas:

¿Con qué facultades legales y con qué recursos económicos se pretende cumplir lo que se está prometiendo?

Porque una reforma puede establecer un derecho, crear una obligación, ampliar una institución o diseñar un programa social. Sin embargo, si no existen las condiciones presupuestales, administrativas y operativas para hacerlo realidad, podemos terminar construyendo un extraordinario edificio jurídico sobre cimientos financieros insuficientes.

Por eso resulta indispensable analizar reformas legislativas y paquete económico como dos piezas de un mismo rompecabezas.

• Si se pretende fortalecer el IMSS-Bienestar, habrá que revisar cuánto dinero se asignará a infraestructura, médicos, personal, medicamentos y operación.
• Si se pretende impulsar vivienda social, habrá que determinar cuáles serán las fuentes de financiamiento, los mecanismos de ejecución y la capacidad real del Estado para alcanzar las metas planteadas.
• Si se busca fortalecer la fiscalización y combatir la evasión y el contrabando, tendremos que observar qué facultades se otorgarán a las autoridades, pero también cuáles serán los límites constitucionales y los mecanismos de defensa para los contribuyentes.
• Y si se plantea fortalecer a los municipios, la discusión necesariamente tendrá que llegar a un punto particularmente sensible: las finanzas públicas municipales.

Aquí debemos tener en cuenta que no basta con asignar recursos. Hay que ejercerlos correctamente, comprobarlos, medir resultados y rendir cuentas.

 El discurso de mayores ingresos sin nuevos impuestos

Uno de los puntos que más atención merece es la denominada “Reforma Fiscal para el Bienestar”, que plantea aumentar los ingresos sin crear nuevos impuestos, combatir la evasión y el contrabando y fortalecer la contribución de quienes tienen mayor capacidad económica y aquí entonces existe una paradoja.

“El Estado necesita recursos crecientes para financiar mayores servicios, infraestructura, seguridad, salud, vivienda y programas sociales. Pero al mismo tiempo existe una economía que enfrenta presiones internas y externas y una sociedad que ya percibe el incremento del costo de vida.”

Por eso, desde la óptica fiscal, el reto no debería ser únicamente recaudar más, sino lograr que la recaudación sea más eficiente, equitativa y jurídicamente sostenible. La inteligencia fiscal, la tecnología y el análisis de información permitirán cada vez más a las autoridades detectar inconsistencias entre ingresos, operaciones, CFDI, declaraciones, nóminas, movimientos financieros y actividades económicas pero una fiscalización moderna también debe significar mayor certeza jurídica para el contribuyente.

No podemos hablar de un sistema fiscal de bienestar si el ciudadano o empresario percibe que el cumplimiento tributario se convierte en una carrera permanente de obstáculos.

El gran auditor será la realidad

Aquí está, en mi opinión, el punto central, desde el escritorio legislativo es posible construir una realidad ideal, en el presupuesto también es posible proyectar cifras, metas, programas e indicadores, pero existe un auditor que no admite discursos:

La realidad cotidiana de los mexicanos.

• La inflación se siente cuando una familia va al supermercado.
• Se siente cuando llega el recibo de electricidad.
• Se siente cuando se carga gasolina.
• La inseguridad se experimenta en las calles, en las carreteras y en los negocios.
• La extorsión no es una estadística para quien recibe una llamada amenazante.
• La falta de medicamentos no es un indicador presupuestal para quien necesita atención médica.
• Y la falta de liquidez no es un concepto macroeconómico para el empresario que todos los meses tiene que pagar nómina, impuestos, cuotas de seguridad social y proveedores.

Ésa es la realidad con la que tendrá que empatar el mundo legislativo y presupuestal.

El reto no es reformar; es hacer que las reformas funcionen

México ha tenido históricamente una gran capacidad para modificar leyes, el desafío ha sido muchas veces otro:

• Hacer que esas leyes funcionen en la práctica.
• Una buena reforma fiscal requiere reglas claras.
• Una buena reforma anticorrupción requiere instituciones capaces de investigar y sancionar.
• Una buena reforma municipal requiere municipios financieramente sostenibles.
• Una buena política social requiere presupuesto suficiente, pero también controles que garanticen que el recurso llegue a quien debe llegar.
• Y un presupuesto responsable necesita algo todavía más importante: estar construido sobre una realidad económica razonable y no sobre expectativas excesivamente optimistas.

Como auditor, una de las preguntas fundamentales siempre es:

¿El recurso fue aplicado para el propósito para el que fue autorizado y produjo el resultado esperado?

Como asesor agregaría otra:

¿La política pública está generando las condiciones para que las familias y empresas puedan conservar, invertir y hacer crecer su patrimonio dentro de un marco de seguridad jurídica?

Ambas preguntas deben formar parte del análisis del Paquete Económico 2027.

El verdadero reto: empatar tres mundos

Tenemos, entonces, tres mundos que necesariamente deben encontrarse:

• El mundo jurídico:lo que las leyes permiten, obligan o prohíben.
• El mundo presupuestal:cuánto dinero tiene el Estado, de dónde proviene y cómo será ejercido.
• Y el mundo real:lo que verdaderamente está viviendo la sociedad.

Cuando estos tres mundos están alineados, una política pública puede funcionar, cuando están desconectados, aparecen las contradicciones: leyes ambiciosas sin presupuesto suficiente, presupuestos que no responden a las necesidades sociales o programas públicos que existen jurídicamente pero no generan resultados perceptibles.

El verdadero reto será demostrar que esas reformas pueden convivir con la realidad económica del país y traducirse en resultados medibles en la vida cotidiana.

Y aquí también habrá una responsabilidad importante para la oposición.

Oponerse por oponerse tampoco construye país. El Congreso necesita debate, análisis técnico, contrapesos y correcciones. Una oposición responsable no necesariamente debe bloquear; debe revisar, cuestionar, proponer y mejorar.

Porque México necesita un Poder Legislativo que no solamente discuta quién tiene la razón política, sino que pregunte:

¿Esto funciona? ¿Cuánto cuesta? ¿Quién lo va a pagar? ¿Cómo se va a ejecutar? ¿Cómo se va a fiscalizar? ¿Y qué resultado concreto recibirá el ciudadano?

Finalmente, como contribuyente, empresario, profesional y ciudadano, debemos mirar el Paquete Económico 2027 más allá de las cifras.

Debemos leerlo como lo que realmente es: el instrumento financiero que permitirá —o impedirá— que muchas de las reformas que hoy se anuncian puedan convertirse en realidad.

Porque el cómo, el cuándo y el dónde siempre terminan encontrándose con una palabra que no admite discursos: presupuesto.

Y al final, será la sociedad —con su bolsillo, sus negocios, sus servicios públicos y su vida cotidiana— la que determine si el mundo ideal de las leyes y del presupuesto logró, finalmente, aterrizar en el mundo real.

 Ése es el verdadero reto del 2027.

Por CPC Juan Carlos Gómez Sánchez

Asesor fiscal- patrimonial y auditor

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